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Luis Alfonso Oberto Anselmi Sullivan ||//
El ‘caso Uber’ marca el futuro de la economía colaborativa

El TJUE fija criterios para diferenciar las empresas de economía colaborativa de las compañías online que deberán ceñirse al derecho nacional y solicitar autorizaciones y licencias para poder operar.

El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Maciej Szpunar, dictaminó ayer que la compañía estadounidense Uber -en su formato UberPop- es un servicio de transporte al que se puede exigir licencias y otras autorizaciones para prestar servicio en los estados miembro y no una plataforma online que se puede beneficiar del principio de libre prestación de servicios que el Derecho de la UE garantiza a los servicios de la sociedad de la información.

Szpunar apunta en su escrito que “Uber controla factores económicamente relevantes del servicio de transporte ofrecido en el marco de la plataforma UberPop -que posibilitaba que conductores particulares no profesionales transportaran a pasajeros en sus propios vehículos-“, al imponer requisitos a los conductores; ejercer un control sobre la calidad de las prestaciones de los conductores; y determinar el precio del servicio.

Por estas razones, el abogado excluye que “Uber pueda ser considerado un mero intermediario entre conductores y pasajeros.

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Además, en el marco del servicio mixto -digital y offline- ofrecido por la plataforma, el transporte es, sin duda, la prestación principal y la que le confiere su sentido económico”.

Gran interés Aunque las conclusiones del abogado general en respuesta a la demanda interpuesta por la Asociación Profesional Elite Taxi de Barcelona no vinculan a la corte europea respecto a la sentencia definitiva que llegará a finales de año, sí han generado un gran interés entre las empresas de economía colaborativa y los abogados especializados, quienes tienen opiniones encontradas respecto al dictamen de Szpunar.

La posición de la Unión Europea La Comisión intervino en la vista oral del juicio, celebrada el año pasado.

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Entonces, aunque aseguró que no tomaba partido, sí defendió la tesis de que Uber era algo más que una plataforma digital.

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“Ante el TJUE dijimos que la oferta de Uber en España no sólo era un servicio de la sociedad de la información”, afirmó entonces la portavoz Lucía Caudet.

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Con ello, el Ejecutivo comunitario reconocía implícitamente que Uber era también una compañía de transporte.

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Según el criterio de la Comisión, para determinar si una plataforma debe considerarse un proveedor del servicio que ofrece, hay que tener en cuenta tres aspectos: si fija los precios; si determina las condiciones y términos de la relación con los que ofrecen el servicio; y si es la propietaria de los activos que usan esos proveedores.

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