¿Cómo es la Vaina?

Gonzalo Morales//
Bruselas cree que España necesitará dos años más para cumplir el objetivo de déficit

El Ejecutivo comunitario ya estudia la posibilidad de ofrecer a España hasta 2018 para reducir el desfase presupuestario por debajo del 3%. Hasta ahora la idea era dejarlo para 2017.

Suenan las alarmas fiscales en la Comisión Europea. Hace menos de dos semanas, Pierre Moscovici, comisario de Asuntos Económicos, afirmaba que España tendría que situar el déficit público por debajo del 3% del PIB en 2017. Ayer mismo, fuentes de la institución planteaban la posibilidad de ofrecer hasta 2018.

¿Qué ha cambiado desde entonces? La Airef, la autoridad fiscal independiente, confirmó ayer el escenario pesimista: el déficit público de 2016 se va al 4,7%, 1,1 punto por encima de lo que pronosticó el Gobierno en abril, lo que complica aún más el escenario para bajar del 3% en 2017.

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Incluso si el Gobierno aplica las medidas que prometió a Bruselas el 13 de julio, entre las que destaca el adelanto de 6.000 millones en el Impuesto de Sociedades y 1.000 millones extra de la lucha contra el fraude fiscal, el déficit de este año solo bajaría al 4,1%.

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Y eso teniendo en cuenta un escenario en el que el presidente en funciones, Mariano Rajoy, logre la investidura y cuente con una mayoría para aprobar la medida en octubre.

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En estos momentos, la senda fiscal oficial de España es el 2,8% del PIB este año (aunque ya se ha revisado al 3,6%).

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Dado el 5,1% del año pasado y la interinidad política del Ejecutivo, nadie en Bruselas espera que lo cumpla.

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Por eso, en mayo pasado, la Comisión planteó una senda alternativa, del 3,7% en 2016 y del 2,5% en 2017.

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Esta ha quedado obsoleta en menos de dos meses y el propio Moscovici la descartó el 7 de julio. La idea entonces era dar más margen en 2016, en torno al 4%, manteniendo 2017 para bajar del 3%.

Pero tras el jarro de agua fría de Airef, vuelve a cobrar fuerza una posibilidad que la Comisión ya planteó al Gobierno antes de las elecciones: prórroga de dos años, hasta 2018, con énfasis en las medidas de 2017.

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En ese momento, el Ejecutivo español rechazó los dos años por una cuestión de credibilidad. Fuentes del Ministerio de Economía lo explicaban así el mes de abril: “Si nos dan finalmente dos años, [los inversores, el resto de países] considerarán que somos un puñetero desastre”.

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Ahora esa puede acabar siendo la solución.

La confirmación del descarrilamiento del déficit de este año llega en un momento especialmente delicado para España: cuando la Comisión Europea está calculando el importe de la multa por incumplir los objetivos de déficit de 2015.

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España cerró el ejercicio con un desfase del 5,1%, nueve décimas por encima del 4,2% previsto, pero, sobre todo, en un entorno macroeconómico positivo y revirtiendo medidas fiscales estructurales ya aprobadas .

El Colegio de Comisarios celebró ayer el primer debate sobre el asunto, pero la única decisión que se tomó fue separar la sanción económica en dos fases: la propuesta de multa llegará el 27 de julio y la propuesta de congelación de fondos estructurales se deja para septiembre.

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Sobre la primera, el rango posible oscila entre los cero euros y los 2.160 millones de euros (el 0,2% del PIB).

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En un principio, Bruselas se inclinaba por un importe simbólico, y Luis de Guindos, ministro de Economía en funciones, no deja de repetir su convencimiento de que finalmente será “cero”.

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Y es cierto que el propio Valdis Dombrovskis, vicepresidente de la Comisión Europea para el euro, aseguró a principios de mes que una multa cero era un escenario posible y “probable”.

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Sin embargo, un grupo de comisarios cree que una multa cero sería “ridículo” y se decantan por una multa muy baja, pero no cero, según explican fuentes comunitarias.

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Habitualmente las decisiones del Colegio se toman por unanimidad y se intenta de todas las formas posibles no tener que votar, para evitar dar una imagen de división.

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Una vez que la Comisión Europea haga su propuesta de multa el próximo 27 de junio, el Consejo de ministros de Finanzas de la UE (Ecofin) tienen diez días para oponerse, para lo que necesitan una mayoría cualificada.

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De lo contrario, la multa quedará impuesta.

La cuestión de los fondos estructurales es más compleja, ya que debe pasar por el Parlamento de forma consultiva, y no hay tiempo suficiente.

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Por ello, la Comisión ha pospuesto a septiembre la propuesta para congelarlos. No hay datos oficiales, pero el importe máximo es del 0,5% del PIB o el 50% de los fondos que correspondan a ese año.

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De momento se especula con cifras que van desde los 1.000 a los 1.300 millones de euros, que se aplicarían a partir del 1 de enero.

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La medida irá acompañada de unas condiciones. Si el Gobierno las cumple en tres meses, los fondos se desbloquean.

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