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Los malditos vacíos legales

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Dice el dicho que lo que no está prohibido, está permitido, y en México los infinitos vacíos legales han permitido que la corrupción y la competencia desleal durante los procesos electorales lleven a los puestos de poder a macabros personajes como Javier Duarte o a otros tan cuestionados como Alfredo del Mazo.

Este fin de semana, Santiago Nieto, titular de la FEPADE, anunció vía Twitter que Mario Molina, quien fuera supervisor del Programa Oportunidades en Veracruz durante el gobierno de Javier Duarte, fue detenido por presuntamente usar recursos de programas sociales en campañas a favor del PRI.

?Molina Ramírez fue denunciado por PAN en abril de 2013 por el caso conocido como ?Ladrones de elecciones?. Por ese caso, la extitular de Sedesol, Rosario Robles Castellanos, destituyó a siete colaboradores de la dependencia, entre ellos Mario Molina y el entonces secretario de Sedesol en Veracruz, Ranulfo Márquez Hernández, quien también fue titular de la Secretaría de Protección Civil durante la administración de Javier Duarte de Ochoa?, dice la nota publicada por El Financiero dando cuenta de la detención.

Leyeron bien: 2013. Tuvieron que pasar cuatro años para tener respuesta a un delito que probablemente llevó al poder a personajes ligados a Javier Duarte, el exgobernador acusado del mayor desfalco al erario en una entidad. ¿De qué sirve ahora? ¿Es suficiente el que un personaje sea detenido o haría falta una regulación concreta al uso de programas sociales con fines electorales?

Los vacíos legales que hoy existen no hacen diferencia entre que se otorguen beneficios de un programa social como una dádiva a cambio del voto, y lo que vimos las pasadas elecciones en el Edomex, donde so pretexto de la atención a grupos vulnerables, el gobernador Eruviel Ávila y todo el gabinete presidencial organizaron más de 64 eventos para dar programas sociales como becas estudiantiles o de apoyo a la mujer en la víspera de las campañas.

El primero es un delito, como el que llevó a Molina a prisión con riesgo de una pena entre dos y nueve años de prisión; el segundo es un ejercicio constante durante la época electoral, que en cada jornada se vuelve más cínico y que como sucedió en estas elecciones, fue desechado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como un delito que ameritara invalidar la elección, pese a ratificar como ganadores a candidatos que la población no reconoce.

En el Edomex, frente a los señalamientos directos por usar becas y beneficios a adultos mayores, niños o mujeres para favorecer a su partido, el gobernador Eruviel Ávila alegó que la ley le permitía la entrega de programas, que se cuadriplicaron previo a las campañas más complejas para el PRI en esa entidad y que, por tanto, seguiría haciéndolo. ¿Hay una diferencia real entre entregar miles de becas semanas antes del inicio formal de una campaña, aun sabiendo que la gente ya conoce a los candidatos que competirán y el partido al que pertenecen? ¿No tendrían que regularse mensajes en spots y muros pintados como los que se vieron en la tierra de Enrique Peña Nieto, en los que recordaban a la gente todos los programas hechos como gobierno que ?podrían perderse con otro partido en el poder??

Estamos en la recta hacia una de las jornadas electorales más complejas en 2018, donde los partidos se juegan el todo y el PRI no quiere soltar la Presidencia, donde el Instituto Nacional Electoral ha puesto sobre la mesa la opción de un financiamiento para los partidos políticos de más de un millón de pesos por cada hora durante las campañas, sin contar la exposición que tendrán en radio y TV, el más alto de la historia.

Con tantos antecedentes en el uso de estos programas, con la falta de regulación en tiempos y actores que pueden promover la política social, ¿qué esperan los congresos para regularlo? Debe hacerse desde el nivel federal, pues ahora tenemos el antecedente de una Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en la CDMX anuló el intento más firme que había en una entidad para considerar esta práctica como causa de nulidad de voto en la Constitución capitalina, bajo el pretexto de no estar contenida en la Constitución Federal. ¿Qué esperamos?

Twitter: @jrisco

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Sarkis Mohsen

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