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COLOMBIA: "Al fiscal no le corresponde decidir cómo usar las fuerzas armadas": exfiscal de la CPI

El Espectador / El debate sobre si las bandas criminales (bacrim) pueden o no ser bombardeadas —algo que hasta ahora sólo se ha hecho con las guerrillas— sigue vigente. El elemento más reciente e importante se dio en noviembre del año pasado: la Policía bombardeó por primera vez a un grupo ilegal. Se trataba del clan Úsuga y ocurrió en zona rural de Unguía (Chocó). El entonces director de la Policía, general (r) Rodolfo Palomino, aseguró que en ese lugar podía haber “una amalgama entre el clan Úsuga y el Eln”, pero, hasta la fecha, lo único que se sabe con certeza es que allí murieron 12 personas sin antecedentes judiciales.

El pasado 17 de diciembre, el fiscal general, Eduardo Montealegre, emitió la Directiva 003 de 2015. En ese documento, palabras más, palabras menos, se estableció que la Fuerza Pública puede llevar a cabo esos bombardeos, es decir, hacer uso de fuerza letal contra las bacrim. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, le agradeció al fiscal “por entender esa nueva realidad colombiana” y celebró que se hubieran fijado “nuevos límites a las capacidades del Estado para combatir el crimen organizado”. Sin embargo, no todos están de acuerdo. Uno de ellos es Luis Moreno Ocampo, abogado argentino y exfiscal de la Corte Penal Internacional (CPI).

¿Cuál es su conclusión de la directiva del fiscal que, en resumen, autoriza a hacer bombardeos contra las bacrim?

Esa directiva del fiscal autoriza a las Fuerzas Armadas a usar el derecho internacional humanitario (DIH) contra las bacrim. De ese modo, el fiscal entiende que en Colombia hay un conflicto armado con las bandas criminales y decide que es posible usar las Fuerzas Armadas para bombardear y matar gente con el argumento de que son miembros de bacrim. México, por ejemplo, es un país donde el uso de las Fuerzas Armadas contra el crimen organizado sólo sirvió para aumentar la violencia. Otra consecuencia muy grave, a la luz del derecho internacional humanitario, es que sería legal para miembros de las bacrim matar policías y militares en medio del conflicto. Con todo el respeto por el señor fiscal, creo que no le corresponde a él tomar ese tipo de decisiones. El fiscal general podrá analizar casos, pero no decidir la política militar de Colombia, país que está próxima a cerrar el conflicto que la afligió por más de 50 años. Sería una pena que de este modo se reabra la cuestión.

¿A quién le correspondería?

Me parece que esa decisión es del Ejecutivo y del Congreso de Colombia, porque es importante y delicada. Colombia está próxima a cerrar su violencia política armada. Para mí, el punto central es la intromisión del fiscal en decisiones sobre el uso de las Fuerzas Armadas.

¿Puede repercutir la directiva contra las Fuerzas Militares?

Si bien hay casos como los falsos positivos, que aún deben ser investigados, hay un reconocimiento internacional de que las Fuerzas Armadas colombianas abandonaron tácticas ilegales y se ajustaron a la legalidad en su lucha contra la guerrilla, una lucha que termina ahora. Es importante entender que las bacrim crean un conflicto distinto al de las guerrillas. Los guerrilleros controlan territorios; las bacrim pueden operar sin control de territorios específicos. Es mucho más complicado, entonces, usar a las Fuerzas Armadas de forma ofensiva contra ellas. Los errores como el del hospital en Kunduz se pagan caro.

¿Se refiere a Afganistán?

Sí. Las fuerzas militares estadounidenses bombardearon un hospital de Médicos Sin Fronteras en la ciudad de Kunduz y mataron a médicos y pacientes en octubre del año pasado. Incluso si se hacen de forma sofisticada, en los bombardeos se cometen errores y muere gente inocente. Eso destruye el objetivo: la población civil se indigna contra quienes los bombardean y pasan a apoyar a las fuerzas irregulares. Que las bacrim se ganen el apoyo local sería lo peor para Colombia. Muy importante también: los errores van a deslegitimar a las Fuerzas Armadas. Por eso debe ser una decisión del Congreso. Por eso la decisión de cómo usarlas contra las bacrim debe ser adoptada por una ley del Congreso, no una directiva del fiscal.

¿Por qué no del fiscal general?

Porque no es su rol. Esta es una decisión muy importante, exige un cambio de leyes más allá de una directiva. Hay que definir legalmente el papel de las Fuerzas Armadas luego de un debate público en el Congreso. De esa forma, la actividad de las Fuerzas Armadas, en cumplimiento de la nueva normativa, no va a ser cuestionada.

Pero hasta el ministro de Defensa, que hace parte del Ejecutivo, aplaudió la directiva.

El ministro de Defensa es quien debe proponer una nueva normativa y lograr su aprobación en el Congreso. Una directiva no va a proteger a los ciudadanos colombianos cuya muerte podría ser considerada daño colateral, va a exponer a policías y soldados como blancos legítimos de las bacrim y no protege a las Fuerzas Armadas de investigaciones judiciales, ya sea en Colombia por quien reemplace a Montealegre o por la fiscal de la CPI. Después de cerrar el capítulo de las Farc, si se aplicara la directiva, la CPI podría abrir nuevas investigaciones contra las Fuerzas Armadas. Colombia es un ejemplo para el mundo de cómo usar la legalidad para salir de los conflictos y eso no debería afectarse. Las bacrim son su próximo gran desafío. Justamente por eso el Estado debe ser cuidadoso. Colombia debe discutir cómo se usan las Fuerzas Armadas contra las bacrim, esa decisión no la toma el fiscal (general): la toman el Ejecutivo y el Congreso.

Si las bacrim no se combaten en terreno, ¿entonces cómo?

En la lucha contra las bacrim hay que ser inteligentes, no pensar que son un ejército enemigo. No es así. Creo que la principal herramienta de lucha contra ellas es la investigación financiera de sus líderes y de los funcionarios y personas a las que sobornan para ganar protección. Eso no es militar, es una acción inteligente conjunta del Estado colombiano y de la Fiscalía.

¿Ha compartido con el fiscal Montealegre estas impresiones?

Aunque alguna vez le comenté sobre la importancia de la investigación financiera, hace mucho que no hablamos. Él no tiene la obligación de consultarme. Pero hace más de diez años que sigo de cerca el proceso colombiano. El país está dando un enorme paso hacia delante y esto sería un gran salto hacia atrás.

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Con Información de El Espectador

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