¿Qué Vaina es esa?

Alberto Ignacio Ardila | //
Seguridad jurídica para el pueblo: Juan Ramón Sevillano Callejas

Tomando en consideración que con el caso de Barro Blanco, tanto la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), como el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), manifestaron públicamente su preocupación por la seguridad jurídica de la compañía Genisa y que varios medios de comunicación ?por supuesto, pertenecientes a esta élite? se hicieron eco de tal queja, considero bueno y oportuno recordarle a los empresarios lo que establece la Constitución Política de la República de Panamá, por ejemplo, en su artículo 50, que es espíritu de la carta magna y que se traduce en establecer que ?el interés privado deberá ceder al interés público o social?.

No recuerdo tampoco que la Apede, el Conep, la Cámara Panameña de la Construcción (Capac) o la Cámara de Comercio hayan hablado de seguridad jurídica de nuestras leyes cuando se han firmado contratos con el Estado en licitaciones amañadas, o cuando estos contratos conllevan coimas, o cuando se hayan otorgado concesiones para la instalación de nueve minihidroeléctricas en un solo río en la provincia de Chiriquí.

Y es que, a los chiricanos, tan orgullosos que son, los gobiernos los han cogido de congos, otorgando a tutiplén concesiones para la instalación de hidroeléctricas y es por eso que varios de sus ríos están en peligro, ya que las autoridades nunca tomaron, integralmente, los estudios de impacto ambiental. Por supuesto que a los empresarios jamás les ha preocupado la seguridad jurídica ambiental de la que hablan los artículos 118 y 119 de la norma superior y se han dedicado a destruir nuestros recursos naturales, hasta dentro de áreas protegidas.

Y, por supuesto, el señor presidente tampoco ha respetado la seguridad jurídica del pueblo, veamos: El pueblo (mandante) firmó un contrato con el señor presidente (mandatario), que se traduce en su plan de gobierno, y por ahora, podemos decir que el administrador temporal ha incumplido varias de sus obligaciones, a saber, constituyente, agua 24/7, sanidad básica 100?cero, educación superior, mejor costo de vida, respaldo al productor nacional, etc., etc., etc.

Por ello, el pueblo está en la calle, peleando para que le cumplan la seguridad jurídica de lo pactado.

En un aparte específico, quisiera referirme a la Capac, y le pregunto: ¿Qué pasó con la seguridad jurídica que le otorga al consumidor el artículo 49 de la Constitución, que establece que toda persona tiene derecho a obtener bienes de calidad?

¿No es cierto que ustedes siguen construyendo viviendas con demasiados defectos y que muy pocas veces cumplen con las garantías y, por eso, son multados por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia? ¿Qué pasó con la seguridad jurídica de los residentes de Altos del Golf, San Francisco, Obarrio y Bella Vista? Está claro que en estas comunidades primó la seguridad jurídica, pero la del bolsillo de los promotores.

Regresando a Genisa, es bueno recordar que funcionarios públicos han informado, varias veces, que este contrato tiene sus irregularidades, pero nunca se escuchó que la empresa estuviese preocupada en ese momento, por la seguridad jurídica.

He oído a un afamado comentarista matutino decir que, si no se le da seguridad jurídica a Genisa, se sienta un precedente que puede ocasionar que otras comunidades se opongan a otros proyectos. Le informo al señor periodista que estamos en democracia y que esto significa que es el pueblo el que manda y decide.

Aunque lo excuso, los políticos han distorsionado tanto este concepto que la población cree que quienes pueden decidir nuestro destino son los administradores temporales de la cosa pública.

Yo estuve y estoy a favor de la descentralización y propongo que, en cada municipio, mediante cabildo abierto, se decida qué proyecto va y cuál no, en cada comunidad.

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Es por eso que el proyecto de Barro Blanco ha tenido dificultades, al igual que la minihidroeléctrica que quieren instalar en Gualaca, porque se pone la carreta delante de los bueyes.

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Las concesiones se otorgan sin preguntarle al pueblo si está de acuerdo o no. Solo se hacen consultas a las que van funcionarios sordos y ciegos. Está claro para los empresarios de este país, tanto nacionales, como extranjeros, la seguridad jurídica es y debe ser solo para ellos.

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El pueblo que se jo…

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